Data centers en Chile: barreras para la inversión

Felipe Velasco

Chile aparece hoy como uno de los países más interesantes para la inversión en Data Centers en la región. En efecto, después de Brasil y Colombia, nuestro país tiene los elementos necesarios para transformarse en un hub tecnológico relevante. Las líneas de transmisión submarinas, la estabilidad económica y social (que a pesar la última crisis social que vivimos, sigue destacando a nivel sudamericano), las energías verdes y el generalizado uso de tecnologías, se presentan como características que hacen recomendable la inversión en esta tierra.

Sin embargo, dado que los elementos positivos descritos anteriormente son –por el momento– en mayor o menor medida, compartidos por Brasil y Colombia, la pregunta es: ¿cómo convencer a empresas extranjeras de invertir en Chile? Parte de la respuesta apunta a la tramitación de permisos ambientales.

Para la ejecución de cualquier proyecto que requiera de una Resolución de Calificación Ambiental (RCA), debe presentarse la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental (DIA) o un Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Si bien la ley no exige una ingeniería de detalle de cada proyecto a evaluar, en la práctica, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) obliga a presentar un nivel de detalle del proyecto, propio de un proyecto que ya se encuentra totalmente definido.

Como sabemos, nuestra legislación impide la ejecución de obras antes de la obtención de la RCA correspondiente; por lo tanto, al plazo de desarrollo de los proyectos –que puede durar entre seis meses y un año– hay que sumarle la elaboración y tramitación de su respectiva DIA o EIA, hasta la obtención de la respectiva RCA, lo que implica un tiempo equivalente al desarrollo del mismo proyecto, siempre que no aparezcan complicaciones mayores, como hallazgos arqueológicos u otras situaciones similares.

En Brasil, por el contrario, los permisos ambientales son requeridos para el inicio de las operaciones de cualquier proyecto, lo que permite evaluarlos ambientalmente mientras son construidos y no una vez finalizada su construcción, permitiendo un ahorro sustantivo en los tiempos de ejecución.

Este gran impacto en los tiempos de desarrollo y evaluación de los distintos proyectos que se ejecutan en Chile, tiene especial relevancia para los proyectos de Data Center que se busca se instalen en nuestro país.

La consideración que muchas de estas empresas tienen para definir el lugar en que ubicarán sus instalaciones está directamente relacionada con el "time to market", que es el tiempo que demoran en tener disponibles sus Centros de Datos. Por ello, tramitaciones de años, sumados al tiempo de construcción y habilitación de los edificios, en un mercado que es muy dinámico, hacen más difícil la decisión de invertir en Chile.

Así, el desafío para nuestro país es establecer criterios de evaluación mínimos comunes, de naturaleza estrictamente ambiental, que permitan poder presentar DIA o EIA que anticipen los posibles impactos y sus mitigaciones y/o compensaciones, en paralelo al desarrollo de los proyectos, de modo tal que se evite la duplicación de tiempo en la tramitación, sin desproteger el componente ambiental.

En este sentido, sería conveniente que el Servicio de Evaluación Ambiental estableciera un estatuto especial para los Data Center, modificando sólo el D.S. 40, dados los argumentos expuestos y habida consideración que es una industria de infraestructura energética que prácticamente no genera emisiones ni residuos.